Por Alfredo Cruz Polanco (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.)

Muchos funcionarios públicos (directores generales de instituciones públicas autónomas o descentralizadas, municipales, etc.), por desconocimiento de la normativa jurídica, especialmente de la ley N° 10-04, consideran que los “Recursos Públicos” por los que deben rendir cuentas, son única y exclusivamente aquellos que provienen de las transferencias estipuladas en el Presupuesto General de la Nación, y que pueden disponer a su discreción de los que reciben por las captaciones directas, es decir, de los mal llamados “recursos propios”.

Como Miembro de la Cámara de Cuentas de la República y coordinador de la Comisión de Asuntos Públicos, de Aplicación y Difusión de la Ley 10-04 que soy, me siento en el deber de aclarar estas malas interpretaciones. Todos los recursos que indistintamente sean generados o recibidos por las instituciones públicas, no importa en qué condiciones y cuales sean sus procedencias, siempre que estos sean legítimos y para los fines u objetivos para los cuales fueron creadas, son también considerados como “Recursos Públicos”, y por lo tanto, deben ser incluidos en los informes de Ejecución Presupuestaria que todos los entes públicos deben presentar mensual y trimestralmente a los órganos de control, entre los que está la Cámara de Cuentas de la República, quien deberá fiscalizarlos posteriormente.

Ejemplos de estos son: los procedentes de préstamos, donaciones y contribuciones, tanto en efectivo como en especie; cobros de impuestos, arbitrios, tasas, multas, venta de bienes y servicios; venta ocasional de activos físicos; alquileres de equipos, espacios físicos o aéreos; dividendos, intereses, cobro de cuotas de recuperación, derechos adquiridos, indemnizaciones por daños recibidos, etc.

Así lo expresa el Artículo 3, de la Ley N° 10-04, que rige a la Cámara de Cuentas de la República:

“Para los fines de la presente ley, se entenderá por recursos públicos, la totalidad de los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones, activos, rentas utilidades, excedentes subvenciones y derechos que pertenezcan al Estado o a sus instituciones, sea cual fuere la fuente de la que procedan, incluyendo los provenientes de préstamos, donaciones y entregas que, a cualquier título, realicen a favor de aquellas personas naturales, jurídicas u organismos nacionales o internacionales”

Por igual, la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público N° 423-06, en sus Artículos 15, Párrafo 1, y 24, expresa lo siguiente:

Artículo 15, Párrafo 1: “Los presupuestos de ingresos comprenderán las entradas estimadas originadas en los impuestos, tasas, venta de bienes y servicios, donaciones en efectivo o en especie, venta ocasional de activos físicos, así como cualquier otro producto de las actividades que realizan los organismos que originen una modificación cuantitativa y/o cualitativa del patrimonio”.

Artículo 24: “Todos los ingresos corrientes y de capital, donaciones y desembolsos de préstamos en efectivo o en valores percibidos, deben ser depositados en la Tesorería Nacional y para su utilización requerirán de la correspondiente apropiación presupuestaria”.

En conclusión, el uso de todos los Recursos Públicos, sean estos ordinarios o extra presupuestarios, generados por las fuentes que sean y ejecutados por cualesquiera de las instituciones públicas, según la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, se deben incluir en sus informes de Ejecución Presupuestaria y rendir cuentas de ellos a la Cámara de Cuentas de la República, como órgano superior de la fiscalización externa de estos, tal como lo establece la Ley N° 10-04.

 

El Autor es Miembro de la Cámara de Cuentas de la República Coordinador de la Comisión de Asuntos Públicos, de Aplicación y Difusión de la Ley 10-04.