Continuación:

Desgraciadamente la mayoría de nuestros Alcaldes y Alcaldesas, así como los Directores de las diferentes Juntas de Distritos Municipales manejan estas instituciones de una manera caótica, en un total desorden, de cuya ejecutoria  consideran que no hay que rendirle cuentas a nadie, como si estas instituciones fueran empresas de su propiedad, ya que no cuentan con un sistema de contabilidad, carecen de los debidos controles internos, no preparan los estados financieros básicos ni entregan las informaciones requeridas a los organismos correspondientes en el tiempo establecido.

Esto se debe a que dichos incumbentes en su mayoría no tienen una formación financiera, administrativa ni jurídica; no se dejan asesorar por profesionales y técnicos en la materia ni mucho menos, se rodean de profesionales calificados. Apenas reúnen meros conocimientos de la política vernácula partidaria, por lo que no están en condiciones de manejar correctamente los recursos que son puestos a su disposición. En otras palabras, no son Gerentes, que es una de las condiciones básicas para administrar una Alcaldía. Desde luego, hay que señalar que esto también se explica por la falta de una cultura de rendición de cuentas en la República Dominicana y a la falta de sanciones efectivas a los que no cumplen con las leyes. Hay que destacar que la mayoría se han descuidado de las recaudaciones locales, pues solo se limitan a recibir  los fondos de Transferencias Ordinarias y Extraordinarias consignadas en el Presupuesto General del Estado y no realizan ningún esfuerzo por generar ingresos de fuentes internas.

Además, realizan todo tipo de compras a empresas de relacionados, familiares y amigos; contratan las obras y servicios sin licitarlas, violentando la ley 340-06 y la 449-06; realizan operaciones con proveedores fantasmas, es decir, que no reúnen las condiciones para realizar negocios con el Estado (sin domicilio, sin RNC, no están registrados en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, etc.); muchas veces las compras son realizadas a empresas pertenecientes al propio Alcalde, a Regidores y a empleados de la propia alcaldía, lo que constituye una violación al Código de Ética del Servidor Público.

Se realizan los pagos a proveedores sin los debidos soportes (facturas, contratos, órdenes de compras, entradas y salidas de almacén, cotizaciones, autorización, etc.); no se realizan las conciliaciones bancarias; construyen las obras sin planificación y sin presupuestos, otorgándolas directamente (grado a grado) a familiares y a amigos, la mayoría de estas están sobrevaluadas; no cumplen con la asignación del presupuesto tal como le exige la ley 166-03; se retienen el ITBIS, el impuesto sobre la renta a los funcionarios y empleados, a los proveedores y contratistas, pero no realizan el pago a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII); retienen el Seguro Social a los trabajadores pero no lo pagan a la Tesorería de la Seguridad Social (T.S.S.), argumentando que el presupuesto que reciben no le permite cubrir el pago.

Retienen los impuestos sobre las construcciones y sobre los planes de pensiones y jubilaciones pero tampoco realizan sus pagos a los organismos correspondientes; realizan pagos y avances  para obras inexistentes; contratan y realizan los pagos por alquileres de equipos sin los debidos comprobantes; realizan avances para las construcciones de obras por encima del 20%, que es lo que establece la ley 340-06; ejecutan Adendas a los contratos de construcciones de obras, que no solo superan el 25% del costo original, que es lo que establece la ley 340-06, sino, al costo total de estas; no crean la provisión para la regalía del personal ni pagan las prestaciones laborales.

No levantan un inventario del mobiliario y equipos ni de las construcciones de obras en proceso; no tienen control de la nómina de empleados, pues emplean a familiares y a personas que ocupan distintas posiciones en otras instituciones públicas y a otros que  nunca asisten; permiten negocios inescrupulosos dentro de la institución (prestamistas, canjeadores de cheques, renta de equipos, etc.); acuden al crédito informal, tomando préstamos personales a nombre de la institución; en muchos casos no elaboran el presupuesto anual y cuando suelen presentarlo, solo lo hacen para cumplir con los requisitos legales, pues nunca se ejecutan.

Los activos fijos que se han convertido en chatarras (vehículos, maquinarias, muebles, equipos, etc.) no son descargados como lo establece la ley y muchas veces son vendidos como tales estando en buenas condiciones, sin ser colocados en una subasta pública; no tienen ningún control sobre los equipos y mobiliarios (fecha de adquisición, costos, registro y modelo; chasis, depreciación, ubicación, seguros, etc.); las cuentas por pagar y por cobrar nunca coinciden con los valores reales; los planes y las ayudas sociales (medicamentos y cirugías, útiles escolares y deportivos, alimentos, campamentos, materiales de construcción, funerales, becas, etc.), no son soportadas con documentos que avalen los desembolsos por estos conceptos. Estas son, entre tantas, algunas de las irregularidades que continuamente se presentan.

Es bueno aclarar que las funciones de la Cámara de Cuentas de la República son las de fiscalizar mediante auditorías, cómo fueron utilizados los recursos del Presupuesto Nacional puestos a disposición de las instituciones públicas descentralizadas, autónomas, del Gobierno Central, los ayuntamientos, ONGs y a todo el que administre recursos públicos, y fruto de los hallazgos, hacer las recomendaciones pertinentes en torno a las inobservancias a las leyes. No son las de establecer controles ni las de formar técnicamente a los incumbentes que las dirigen y a los que habrá que auditar, pues si sucediese así, no se actuaría con la independencia requerida.

Considero que en el año 2013,  en el que conmemoramos el bicentenario del natalicio del Padre de la Patria, el hombre que concibió el Poder Municipal como el Primer Poder del Estado, el mejor homenaje, el mayor monumento que deben construir en su honor los Alcaldes, Alcaldesas y Directores y Directoras de las Juntas de Distritos Municipales, es  seguir el legado que nos dejó el fundador de nuestra nacionalidad, estableciendo las estructuras mínimas necesarias y los controles internos que les permitan operar con eficiencia y transparencia, así como rendir sus informes a la ciudadanía y a los organismos correspondientes, actuando siempre con la debida prudencia, honestidad y transparencia; construyendo las obras que demandan los munícipes. Si así lo hacen, el sacrifico, el destierro  y el martirio a que Duarte fue sometido, no habrá sido en vano.

Desgraciadamente, por todo lo ante señalado, la mayoría de los Ayuntamientos y Juntas de Distritos Municipales no gozan de la confianza y la credibilidad requeridas de los organismos de control ni de sus munícipes, para poder obtener el respaldo de la ciudadanía en la lucha por la entrega del 10% de los ingresos del Presupuesto Nacional. Para poder contar con la debida calidad moral necesaria de exigir que se cumpla con lo establecido en la referida  ley, es necesario que se corrijan dichas irregularidades, pues ¡Ese no fue el Poder Municipal que el Padre de la Patria soñó!

El autor es Contador Público Autorizado y Miembro de la Cámara de Cuentas de la República