Existe consenso entre los empresarios, la sociedad civil organizada, los organismos internacionales bilaterales y multilaterales y las autoridades de gobierno saliente y entrante, sobre la necesidad impostergable de una reforma fiscal no parcial, sino de carácter integral, que involucre medidas de control presupuestaria, reorientación de la inversión pública, reducción y calidad del gasto público, además de iniciativas que permitan mayores ingresos para cubrir los compromisos del estado, la deuda pública interna y externa, avanzar con el cierre con la brecha fiscal y responder con hechos a las promesas de campaña, especialmente su atención hacia las áreas de educación, salud y seguridad ciudadana.

La reforma fiscal debe ser diferente, sencilla, menos retórica, despolitizada, más eficiente, más humana, más creíble y cónsona con la Estrategia Nacional de Desarrollo aprobada por el Congreso Nacional.

La población tiene grandes esperanzas en el presidente electo, Lic. Danilo Medina. Para nadie es un secreto que la reforma fiscal tendrá un alto costo político que deberá administrar con sabiduría. El consenso, la concertación, la sensatez, garantizar la estabilidad macroeconómica, el bienestar de todos los dominicanos y el fortalecimiento de la democracia serán los ingredientes indispensables para avanzar hacia políticas públicas equilibradas, justas, redistributivas y por encima de los intereses particulares o de grupos económicos y políticos. El gobierno y los empresarios tienen un gran compromiso histórico con la patria, es decir, se enfrentan a la disyuntiva de no hacer nada o tomar la decisión con inteligencia y sensatez. Y no olvidar que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también dará mayor disciplina, supervisión y nuevos recursos.

La reforma fiscal integral deberá perseguir un sistema tributario más simple, sin muchas complicaciones ni complejidades innecesarias, más humano y más equitativo, que grave progresivamente la acumulación de riquezas, el patrimonio y el consumo, como sucede en los países con igual desarrollo económico que la República Dominicana e inclusive en las propias economías más avanzadas que generalmente tomamos como referencia.

La disciplina y austeridad en el gasto público deben pasar de la retórica política tradicional hacia los hechos (calidad y eficiencia). Se firman acuerdos con partidos, lideres, sociedad civil y notable, pero no se cumplen. El sistema funciona, pero necesitamos ganarnos la credibilidad de los ciudadanos, de los votantes y de los contribuyentes. Ellos tienen que sentir que sus impuestos se les devuelven en obras y servicios. Ya es tiempo de unirnos por una misma causa común.

La reforma fiscal integral deberá promover el desarrollo económico, reducción de la brecha entre ricos y pobres con políticas redistributivas, incentivar la inversión extranjera y eliminar los incentivos fiscales innecesarios y desvirtuados que ocasionan privilegios económicos, competencia desleal e importantes sacrificios fiscales, como ocurrió en el año 1992.

Desde entonces, el país ha tenido notables avances, pero también desaciertos, ruidosas reformas tributarias que fundamentalmente han procurado más ingresos para el fisco. Pero no todo ha sido malo, también se reconoce la labor de grandes gerentes públicos en la administración tributaria, que han cambiado el paradigma de la evasión y mejorado con ideas innovadoras el cobro de los impuestos; que por demás no es una actividad simpática, pero si obligatoria para todos los contribuyentes.

Los economistas afirman que los incrementos en las recaudaciones fiscales provienen fundamentalmente por tres vías, razones o circunstancias: (a) crecimiento vegetativo de la economía, (b) cambios en la legislación tributaria y (c) mejoras administrativas de combate a la evasión y elusión fiscal. De hecho, la primera se logra con una economía relativamente estable, control de la inflación, tipo de cambio, tasas de interés, reservas internacionales, déficit fiscal moderado, entre otras recetas. El segundo, se logra generalmente con aumentos en las tasas impositivas y ampliación de bases imponibles y el tercer componente se logra por la eficiencia del aparato recaudador en la reducción de la evasión y elusión, mejor fiscalización, sanción y cobranza, así como en la educación del contribuyente. La Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección de Aduanas han avanzado exitosamente en estos aspectos.

En sentido general, la tasa o porcentaje de evasión y otros indicadores tributarios constituyen estimaciones estadísticas de referencia, cuyos resultados dependerán en gran medida de la metodología, criterios y supuestos utilizados para su proyección. En este sentido, todos los ciudadanos conscientes estamos de acuerdo, que el país ha avanzado notablemente en la reducción de la evasión fiscal con la implementación de importantes medidas administrativas, por ejemplo, comprobantes fiscales, impresoras fiscales, cruces de información, declaraciones de impuestos virtuales, uso de la tecnología de la información, entre otras; pero hay quienes atrevidamente afirman que estamos cerca del umbral o frontera de la llamada evasión dura o fuerte, es decir, aquella evasión que el costo de combatirla es mayor que sus resultados.

Tenemos que tener cuidado con esa interpretación, toda vez que lejos de confirmar, resaltar y validar la eficiencia administrativa del aparato recaudador, podría transformarse en una navaja con dos filos, es decir, para justificar aumentos en las tasas impositivas y ampliación de bases imponibles. Pero los contribuyentes que pagan sus impuestos, no estarán totalmente de acuerdo o tienen sus reservas con respecto a los niveles de evasión estimados por las autoridades y algunos centros de investigación, especial en un país con una enorme economía informal no-contabilizada en las cuentas nacionales.

La reforma fiscal no puede descansar o utilizar como punta de lanza el pretexto que ella permitirá obtener los recursos suficientes para financiar el compromiso del 4% del gasto e inversiones en educación y otros programas sociales. El déficit fiscal tiene sus orígenes y todos conocemos sus razones y responsables. El ciudadano común no tiene que tener un PhD, maestría o especialización para entender aquello, por más que se intente mediatizar el discurso para justificar lo injustificable.

La reforma del ingreso deberá contemplar cambios de bases imponibles, aumentos de tasas, nuevas figuras impositivas y nuevos controles tributarios, que aun implicaren sacrificios temporales para los contribuyentes, persigan un fin mayor como país y sean relativamente consensuados con los grupos afectados. Para evitar absurdos, improvisaciones e incoherencias en la reforma fiscal, es recomendable la participación del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), y expertos de reconocida experiencia y trayectoria profesional que han participado en procesos de reformas fiscales anteriores.

Por el lado del gasto, entendemos que la reforma fiscal integral debería contener el compromiso del gobierno de introducir fuertes recortes en el gasto y los programas de inversión y no medidas cosméticas o de ligero efecto. Los empresarios, trabajadores, amas de casas, profesionales y la gente común espera resultados….lo que nunca se ha hecho.!

 

Santo Domingo, Distrito Nacional
Octubre 25, 2012.

El autor es CPA y Magister en Gestión y Pública.
Es colaborador de la página web de AFCPARD
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