AFCPARD Respalda Ley de Responsabilidad Fiscal

 

Lic. Lázaro Arias, Presidente de la Asociación de Firmas de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (AFCPARD), respalda la aprobación de una ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que sirva de muro de contención a las cíclicas y estresantes reformas tributarias, que cada vez hacen más complejo el cumplimiento de los deberes formales a los contribuyentes, además de crear un equilibrio para que en la misma medida que se persiga a los evasores de impuestos en esa misma medida se persiga a los que hacen un uso incorrecto de los fondos públicos, estableciendo un régimen de consecuencias para responsables.

Reconocimiento, Medición y Registro de las Propiedades Inmobiliarias

“Enfoque de las Secciones 13; 16; 17 y 23 de las NIIF-PYMES”

 

Lázaro Arias

Socio BPO

  

 

Introducción

Dado que el objetivo de los estados financieros con  propósito general es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa, es que sea útil para los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales, en la toma de decisión frente a la concesión de recursos a la entidad, la forma en la que consideramos el reconocimiento, la medición y registro de una propiedad inmobiliaria va a incidir en la forma en que se puedan ponderar dichos estados por los interesados, por lo que enfocaremos la manera adecuada para el registro de las propiedades inmobiliarias según las diferentes Secciones que tratan el tema en las NIIF – PYMES 

 

Expectativas del Pacto Fiscal – Hacia una reforma fiscal integral

Pedro Urrutia

Socio – Director

En los últimos años el Gobierno ha logrado mantener buenos niveles de crecimiento con inflación controlada, sin embargo, no ha podido lograr cabalmente que ese crecimiento sea sostenible y que se pueda traducir en un mejor nivel de ingresos para la población. El país ha transitado por una reforma fiscal en 1992 y varias reformas tributarias que en algunas ocasiones se les ha llamado erróneamente “reformas fiscales”, pero las necesidades de cubrir déficits fiscales, la prisa y la falta de un acuerdo entre los principales actores económicos han devenido en la realización de parches para cubrir las necesidades del momento, incrementando tasas, ampliando la base imponible y creando mecanismos de cruces de información, haciendo cada vez más complejo el sistema tributario.

El CAD coloca bonos de carbono forestal

LA TRANSACCIÓN DE CRÉDITOS FUE VINCULADA A LA VENTA DE CACAO


El Consorcio Ambiental Dominicano (CAD) acaba de firmar un convenio con una empresa de chocolate artesanal de Toronto, Canadá, la que se ha comprometido a comprar durante cinco años cacao orgánico producido en una finca privada en San Francisco de Macorís dedicada a la conservación de la biodiversidad, denominada Reserva El Zorzal.

Esa transacción comercial tiene la particularidad de que al tiempo que la empresa canadiense Chocosol compra cacao también adquiere bonos de carbono, concepto por el cual por cada tonelada de cacao estará pagando un monto adicional.

Chocosol ha sido definida por el CAD como una empresa socialmente responsable, comprometida con la producción limpia y la reducción de dióxido de carbono (CO2) en su proceso productivo, por lo que usa maquinarias con tecnología tradicional y adquiere bonos de carbono para compensar sus emisiones.

Resulta que la reserva El Zorzal, además de conservar el hábitat de esa ave migratoria, tiene entre sus propósitos el secuestro de CO2 en sus bosques, la certificación de esa captura y su colocación en el mercado mediante créditos de carbono forestal. Se trata de un mecanismo con el que pretende alcanzar ingresos para la sostenibilidad de la reserva, mayor rentabilidad para los productores localizados en esa demarcación donde los cacaotales son un cultivo predominante, y aportar a la lucha contra el cambio climático.

Los bosques tienen la capacidad de absorber grandes cantidades de CO2 durante la fotosíntesis, puesto que cuando los árboles están creciendo absorben el CO2 de la atmósfera y lo almacenan en el tronco, en las ramas, en las raíces y en el suelo, y cuando dejan de crecer todo ese carbono se queda almacenado si el bosque es conservado.

Transacción certificada

El mercado de carbono forestal es uno de los mecanismos propuestos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) para enfrentar el calentamiento global. Se trata de un mercado voluntario en el que vendedores y compradores de bonos de carbono -denominados Reducción Verificada de Emisiones (VER)- realizan transacciones libremente.

La captura de emisiones de carbono en los bosques y en los cacaotales de la reserva El Zorzal está siendo certificada por el sistema Plan Vivo, que posee un conjunto de estándares basados en el Pago por Servicios Ambientales (PSA) que fue desarrollado por el Centro de Edimburgo para la Gestión de Carbono (CCME, sigla en inglés), la Universidad de Edimburgo y el Centro de Investigaciones Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), con fondos de la cooperación inglesa.

Ese estándar apoya a las comunidades rurales, especialmente a través de pequeños productores, para que manejen de forma sostenible sus recursos naturales a fin de que generen medios de subsistencia y beneficios para el clima y los ecosistemas.

César Rodríguez, director ejecutivo del CAD, ha indicado que las acciones de conservación son desarrolladas por la Fundación Loma Quita Espuela (FLQE), la Sociedad para el Desarrollo del Nordeste (SODIN), el Centro Vermont de Estudios Ecológicos y las comunidades locales, con el apoyo técnico y financiero del Ministerio de Medio Ambiente, el Fondo de Alianzas para Ecosistemas Críticos (CEPF, sigla en inglés), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente.

En el marco de esa iniciativa se han implementado actividades de reforestación, conservación de bosques, agroforestería, restauración de áreas y la prevención de la deforestación, las que son realizadas por pequeños propietarios o por las comunidades.

Un buen plus

Respecto a la transacción comercial, el ejecutivo dijo que el cacao “fue muy bien colocado con relación al mercado actual, por el plus de créditos de carbono. Eso es parte de lo que está comprando y puede argumentar que su empresa reduce las emisiones porque está adquiriendo emisiones. Con ese modelo nosotros vamos a establecer que todo el cacao que se venda esté vinculado a bonos de carbono, involucrando a empresas que son socialmente responsables”.

A esos fines, dijo que harán alianzas con productores pequeños colindantes con la reserva privada. Tan solo en la reserva privada estiman una reducción de mil toneladas de CO2 equivalente.

En procura de la expansión de la iniciativa, esa alianza de instituciones  ambientalistas dominicanas realizó una misión de negocios e intercambio de experiencias en Boston, Nueva York y Vermont, en Estados Unidos.

En ese último estado realizaron una reunión de negocios en la fábrica que elabora la línea de chocolate Blue Bandana utilizando cacao de Madagascar y Guatemala, con el interés de suplirle cacao orgánico dominicano.

Jesús Moreno, presidente del CAD y de la Fundación Loma Quita Espuela, y quien participó de la misión, la calificó de exitosa. Dijo que representantes de la empresa se comprometieron a visitar el país próximamente para conocer con detalles el proyecto.

EN CONTEXTO

El director ejecutivo del CAD, César Rodríguez, precisa que la venta de bonos de carbono forma parte del programa para la conservación del hábitat del zorzal migratorio, que se reproduce en el nordeste de Norteamérica y visita anualmente zonas boscosas del país, donde permanece prácticamente la mitad del año.

Debido a la pérdida de hábitat esa especie se encuentra en peligro, por lo que tanto en el país como Canadá y Estados Unidos, entidades ambientalistas trabajan para conservar y recuperar bosques. En el caso dominicano se procura crear un corredor biológico que conecte las reservas científicas Loma de Quita Espuela y Loma de Guaconejo, en la cordillera Septentrional.

“Para el corredor del que te hablo nosotros tenemos la aspiración de crear otras reservas privadas, que tierras que son pastos sean convertidas en bosques, no en una plantación forestal, diciéndole al productor:‘si tú haces esto se te va a pagar unos créditos por el carbono que se guarde ahí. Eso irá de manera ascendente. Ese es el incentivo que tiene ese productor de convertir ese pasto que no le da resultado productivamente en un bosque por el que va a recibir un incentivo por mucho tiempo”, explica.

Todo ese proceso conllevará, además, la mejora de las plantaciones de cacao, con variedades nativas altamente productivas.

Solange de la Cruz Matos

Fuente: Listín Diario

 

Del Reglamento para la aplicación Ley 169-14. Algunas cosas que es bueno saber.

La Presidencia de la República hizo público ayer el decreto 250-14 emitido por el presidente Danilo Medina con el Reglamento que contiene los procedimientos que hacen posible la aplicación de la ley 169-14.

Dicha ley establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.

El gobierno del presidente Danilo Medina está convencido de que los ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana no necesitan ser especialistas ni expertos en cualquier materia para participar de su derecho a estar informados y a opinar sobre los asuntos públicos. Para fortalecer el empoderamiento ciudadano, preparamos este documento que recoge algunas de las cosas que podrían interesarte sobre el decreto 250-14.

Ha sido preparado en forma de preguntas y respuestas con la intención de facilitar su comprensión.

¿Cuáles objetivos persigue el Reglamento?

El objetivo del reglamento es garantizar la aplicación estricta, objetiva y eficaz de la ley 169-14, para que beneficie a quienes corresponde legítimamente, al tiempo que establece los controles necesarios para evitar cualquier abuso de la misma.

¿Por qué es necesario este Reglamento?

La Ley 169-14, dispone expresamente en su artículo 12, que el Poder Ejecutivo debe dictar un reglamento para la aplicación de los Capítulos II (Del Registro de hijos de extranjeros nacidos en la Republica Dominicana) y III (De la Naturalización).

¿Se aplica a las personas hijas de padres extranjeros que ya contaban con algún tipo de documento de identidad dominicano?

No. Lo relativo a estas personas (caso de Juliana Deguis) se encuentra previsto en el Capítulo I (Régimen Especial) de la Ley 169/14. Se trata de un texto auto aplicativo que no necesita de reglamentación adicional.

¿Respeta el Reglamento la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional?

Este reglamento es respetuoso de la jerarquía normativa. Respeta la Constitución, la Sentencia 168-13, y la Ley 169-14, al circunscribirse solo a los detalles que hacen posible el registro y regularización de extranjeros nacidos en territorio nacional.

¿Respeta su contenido el principio de separación de los poderes y la autonomía de la Junta Central Electoral?

Si, por supuesto.

Al Poder Ejecutivo, en virtud de la Constitución de la República le corresponde la dirección de la política interior y exterior del Estado, así como la administración civil y militar.

Tratándose de un tema de naturaleza migratoria, las competencias del Estado corresponden a la autoridad superior de la Administración Pública en el tema, que es el Ministerio de Interior y Policía.

La Ley 169-14 dispuso que la evaluación primaria de la solicitud de inscripción en el Libro de Extranjería contemplado en la Ley General de Migración, así como lo relativo a la regularización migratoria compete al Ministerio de Interior y Policía.

Posteriormente, a la Junta Central Electoral le corresponde la inscripción en el Libro de Extranjeros nacidos en República Dominicana. El Ministerio de Interior y Policía se limita en ese ámbito a tramitar con su no objeción la inscripción solicitada, tal y como dispone el párrafo II del articulo 6 de la Ley 169-14.

¿Porqué una Unidad Operativa dentro del Ministerio de Interior y Policía?

Uno de los propósitos esenciales de un reglamento de ejecución de una ley es establecer los mecanismos y estructuras necesarias para su aplicación. En el caso, la Ley 169-14, ha establecido que lo relativo al registro, regularización y naturalización que contempla, compete al Ministerio del Interior y Policía.

Tratándose de una función administrativa de naturaleza especial y transitoria, es lógico que para la eficaz y expedita aplicación de la Ley exista dentro del Ministerio de Interior y Policía, una estructura administrativa, sujeta a la jerarquía del Ministro, que haga operativa su aplicación.

¿Por qué el Reglamento contempla los medios para acreditar el nacimiento de personas nacidas en nuestro país cuyos padres sean extranjeros en situación migratoria irregular al momento de su nacimiento y que no figuran inscritos en el Registro Civil dominicano?

Sencillamente porque de manera expresa el artículo 6 de la Ley 169-14, así lo dispone. El reglamento en este tema se ha limitado a cumplir con ese mandato de la ley.

En el caso de hijos de padres extranjeros en situación irregular, es necesario enfatizar que estos datos servirán únicamente para su inscripción en el libro de extranjería y la tramitación posterior de su estatus migratorio, no para dotarlos de acta de nacimiento ni otra documentación que los acredite como dominicanos.

¿Cuáles son los medios de prueba que deberá acreditar el solicitante de inscripción en el Registro de Extranjería y posterior regularización?

El reglamento ha establecido que el nacimiento en República Dominicana podrá ser probado por:

a) Constancia de nacido vivo emitida por un hospital público o centro de salud privado, que indique el nombre de la madre, género de la criatura y la fecha del nacimiento;

b) Acto de notoriedad por ante Notario Público de siete (7) testigos dominicanos hábiles que indiquen la fecha y lugar del nacimiento, así como el nombre del niño o niña y los nombres de los padres;

c) Declaración jurada mediante acto auténtico ante Notario Público de la partera que recibiera al niño o niña, indicando la fecha y el lugar de nacimiento de este, así como el nombre de la madre; y

e) Declaración jurada mediante acto auténtico ante Notario Público de familiares dominicanos en primer o segundo grado que posean documentación nacional dominicana.

¿Tiene el Ministerio de Interior y Policía facultades para evaluar los medios de prueba?

El reglamento establece en su artículo 12 que la Unidad de Aplicación, en caso de que tenga dudas sobre los medios de prueba, podrá requerir la comparecencia personal del solicitante o de cualesquiera de las personas que figuren como testigos o declarantes en los documentos de apoyo a la solicitud.

En los casos del Registro Civil dominicano, ¿contempla la ley dominicana algún mecanismo excepcional de prueba?

La Ley 659, sobre Actos del Estado Civil establece en su articulo 25 que cuando se han destruido los registros del Estado Civil el interesado “podrá probar los nacimientos, matrimonios y defunciones que no hayan sido objeto de dicho procedimiento, con titulo fehaciente o por testigos”.

¿Puede registrarse el nacimiento de las personas nacidas en el territorio nacional cuyos padres sean extranjeros en situación migratoria irregular al momento de su nacimiento, y que no figuran inscritos en el Registro Civil dominicano, sin tomar en cuenta el procedimiento de Declaración Tardía previsto en la Ley 659?

Es importante diferenciar el objetivo de cada procedimiento.

A diferencia de lo que ocurre con la declaración tardía, los requisitos que se solicitan a las personas hijas de extranjeros en situación irregular sirven únicamente para probar que nacieron en República Dominicana y con ello permitir únicamente que sean inscritos en el libro para extranjeros. Es decir, eso no les da derecho ni a su partida de nacimiento dominicana ni a ningún otro documento que los acredite como nacionales.

El paso siguiente para esas personas será regularizar su situación migratoria. Es decir, obtener una visa del tipo que les corresponda. A estas personas, en su calidad de extranjeros, no les resulta aplicable la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil, que es la que establece ese procedimiento.

Por tanto, los requisitos son distintos porque el objetivo del trámite también lo es. Estos casos van a un Libro para Extranjeros contemplado en la Ley General de Migración, completado por resoluciones que ha emitido la Junta Central Electoral, las que no establecen procedimiento alguno por declaración tardía.

Fuente: DICOM